Ninguno de los 10 presidentes que desde de agosto 1996 hasta enero 2007, en su calidad de colegislador, fue el autor de un documento tan sombrío. Tampoco los parlamentos de entonces tuvieron que allanarse a un veto tan manchado de sangre.
Hasta el viernes el Ministerio de Salud Pública informaba de 8 muertos y 278 heridos en la revuelta policial de ese día y, fundamentalmente, en el aparatoso rescate del Presidente de la República por el Ejército. Y las cifras, no definitivas, durante el pasado fin de semana podrían incrementarse. En los tres golpes de Estado de los últimos doce años sólo se registró una muerte accidental y un herido grave.
Además, si acaso se concretara la llamada “muerte cruzada”, los acontecimientos del pasado 30 de septiembre, de alguna manera, serían su cruz. Muchos verían en la aplicación de la medida prevista en la Constitución de Montecristi un pase de cuentas a los aliancistas tibios y a la oposición. Sería una prueba más de que, también en esta etapa de nuestra Historia, la venganza es un plato que se sirve frío.
Pero el terremoto provocado por el veto presidencial a esa infortunada Ley Orgánica de Servicio Público aún no acaba. Hay que ver si esta semana la Asamblea Nacional logra conjurar el estigma con el que nace o le añade otro que, a la larga, tal vez sea peor. Dicen que siempre puede haber una situación peor.
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