El vasallaje de la mayoría gobiernista de la Asamblea Nacional ante el Ejecutivo debe terminar de inmediato, porque la consciencia moral de la república no merece tamaña ignominia y la democracia, aunque incipiente, ya no lo soporta.
El allanamiento, sin chistar palabra, a los deseos del Ejecutivo son innumerables: ni un solo juicio político para fiscalizar la corrupción se ha concretado; en cambio, los vetos del Ejecutivo se han acatado aunque contradigan los propios acuerdos políticos logrados entre las bancadas. La agenda política de Carondelet ha dominado la Asamblea.
Grave ha sido también el hecho de que, cuando el oficialismo no ha contado con los votos suficientes para aprobar ciertas leyes, el titular de la Asamblea ni siquiera ha sometido a votación, como ocurrió con la Ley de Aguas, o, en otros casos, leyes como la de Hidrocarburos se dejó pasaran por el ministerio de la Ley, en un hecho que demuestra menosprecio por la democracia y gula por el poder.
Las coincidencias ideológicas no pueden ser pretexto para el sometimiento; por encima está la ética política que impone hacer respetar a una función del Estado que goza constitucionalmente de independencia y de igual valor.
Pero, en las últimas horas, se ha comentado que podría haber un cambio. Los asambleístas de oposición estarían dispuestos a desafiar al Ejecutivo a que aplique la llamada "muerte cruzada", para ir a comicios y organizar una nueva Asamblea. Y, aunque como están las cosas, es improbable que se llegue a aplicar esta novedosa fórmula de Montecristi; por lo menos, podría servir para transparentar las posiciones de los asambleístas y para que, de una vez por todas, se evidencie ante el país que el Gobierno armó mayoría legislativa con asambleístas elegidos por la partidocracia, quienes, por el solo hecho de vestir la camiseta de AP, fueron exorcizados de su pasado político y convertidos en revolucionarios.
Pero hacer mayoría sin ganar totalmente en las urnas, para AP ya es historia vieja. En 2006, no inscribieron candidatos a diputados pero, con un golpe de mano, se hicieron de la mayoría de curules, con lo que montaron el Congreso de los manteles que propició el cambio constitucional. Previamente, grupos violentos, algunos de los cuales han perdido hoy los favores del poder, asaltaron el Tribual Supremo Electoral y obligaron a convocar a consulta popular para ir a la Constituyente. Así, el Gobierno de Correa se acostumbró a obtener lo que quiere, y sus seguidores, en este caso los asambleístas, a hacer lo que el gobernante les impone.
Y es que en la visión política de AP prescindir de las instituciones del Estado no parecería descabellado; para AP Correa encarna la institucionalidad. Así deben pensar quienes lo asesoraban cuando el presidente dijo un día que, como jefe de Estado, está por encima de todas las funciones del Estado.
Este desenfoque requiere una urgente terapia democrática que ratifique que, aunque la democracia es perfectible, hay reglas y normas que respetar. Suena hilarante pero, como está la política en el Ecuador, parece que lo que queda de la partidocracia podría protagonizar una rebelión.
El allanamiento, sin chistar palabra, a los deseos del Ejecutivo son innumerables: ni un solo juicio político para fiscalizar la corrupción se ha concretado; en cambio, los vetos del Ejecutivo se han acatado aunque contradigan los propios acuerdos políticos logrados entre las bancadas. La agenda política de Carondelet ha dominado la Asamblea.
Grave ha sido también el hecho de que, cuando el oficialismo no ha contado con los votos suficientes para aprobar ciertas leyes, el titular de la Asamblea ni siquiera ha sometido a votación, como ocurrió con la Ley de Aguas, o, en otros casos, leyes como la de Hidrocarburos se dejó pasaran por el ministerio de la Ley, en un hecho que demuestra menosprecio por la democracia y gula por el poder.
Las coincidencias ideológicas no pueden ser pretexto para el sometimiento; por encima está la ética política que impone hacer respetar a una función del Estado que goza constitucionalmente de independencia y de igual valor.
Pero, en las últimas horas, se ha comentado que podría haber un cambio. Los asambleístas de oposición estarían dispuestos a desafiar al Ejecutivo a que aplique la llamada "muerte cruzada", para ir a comicios y organizar una nueva Asamblea. Y, aunque como están las cosas, es improbable que se llegue a aplicar esta novedosa fórmula de Montecristi; por lo menos, podría servir para transparentar las posiciones de los asambleístas y para que, de una vez por todas, se evidencie ante el país que el Gobierno armó mayoría legislativa con asambleístas elegidos por la partidocracia, quienes, por el solo hecho de vestir la camiseta de AP, fueron exorcizados de su pasado político y convertidos en revolucionarios.
Pero hacer mayoría sin ganar totalmente en las urnas, para AP ya es historia vieja. En 2006, no inscribieron candidatos a diputados pero, con un golpe de mano, se hicieron de la mayoría de curules, con lo que montaron el Congreso de los manteles que propició el cambio constitucional. Previamente, grupos violentos, algunos de los cuales han perdido hoy los favores del poder, asaltaron el Tribual Supremo Electoral y obligaron a convocar a consulta popular para ir a la Constituyente. Así, el Gobierno de Correa se acostumbró a obtener lo que quiere, y sus seguidores, en este caso los asambleístas, a hacer lo que el gobernante les impone.
Y es que en la visión política de AP prescindir de las instituciones del Estado no parecería descabellado; para AP Correa encarna la institucionalidad. Así deben pensar quienes lo asesoraban cuando el presidente dijo un día que, como jefe de Estado, está por encima de todas las funciones del Estado.
Este desenfoque requiere una urgente terapia democrática que ratifique que, aunque la democracia es perfectible, hay reglas y normas que respetar. Suena hilarante pero, como está la política en el Ecuador, parece que lo que queda de la partidocracia podría protagonizar una rebelión.
Publicado el 23/Septiembre/2010 | 00:10
Por: Thalía Flores y Flores
tflores@hoy.com.ec
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