Los acontecimientos vividos ayer a partir de la revuelta de la tropa de la Policía Nacional en contra de la Ley de Servicio Público son condenables desde cualquier punto de vista. Esa institución, llamada a defender el orden público y la paz social, no actuó de acuerdo con los deberes que le imponen la Constitución y las leyes.
Es ahora el momento de mantener la calma y la unión de toda la ciudadanía en defensa de su democracia y su Constitución. Ellas son el principal baluarte de nuestra libertad. La Constitución nos da el derecho a la resistencia, pero no a la subversión. El Gobierno debe actuar en consecuencia y rectificar en todo aquello en que sea necesario, pero también preservar la paz y la armonía entre todos los ecuatorianos.
Nadie puede contrariar y menos pisotear un Gobierno legítimo elegido por voluntad popular. Nadie tiene derecho a menoscabar la dignidad del Presidente de la República, sea cual sea y de la ideología que sustente. Nadie puede menoscabar una institucionalidad que los ecuatorianos nos hemos dado de común acuerdo a través de muchos años de lucha y sacrificios. Ecuador está por encima de todo y de todos, porque es la Patria que nos sustenta y cobija a todos.
Viernes, 1 de septiembre de 2010
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